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Ley 21.663 de ciberseguridad: qué les exige a los proveedores

La Ley 21.663 explicada desde el proveedor de un OIV: qué es la ANCI, los 1.154 OIV, el reporte en 3 horas, las multas del art. 40 y un checklist.

En resumen

La Ley 21.663 rige desde el 1-03-2025 y la ANCI ya calificó 1.154 operadores de importancia vital (OIV). Deben reportar incidentes con alerta en 3 horas y arriesgan multas de hasta 40.000 UTM. Si les vendes software o servicios TI, Apollo.TI explica qué te van a pedir y cómo prepararte.

La Ley 21.663 (Ley Marco de Ciberseguridad) rige desde el 1 de marzo de 2025 en sus obligaciones de fondo, y la ANCI ya calificó a 1.154 instituciones como operadores de importancia vital (OIV). Un OIV debe reportar sus incidentes con una alerta temprana en 3 horas y arriesga multas de hasta 40.000 UTM. Si tu empresa le vende software o servicios de TI a una AFP, una Isapre, una sanitaria o un operador de transporte, esa presión te va a llegar a ti, en forma de cláusulas y de un cuestionario de seguridad.

Casi todo lo que se ha escrito sobre la ley le habla al operador. Esta guía va para el otro lado de la mesa: el proveedor. Qué dice la ley, qué no dice, qué te van a pedir con mayor probabilidad y cómo prepararte sin improvisar cuando llegue el correo de compras.

Este artículo no es asesoría legal. Cita el texto de la ley en LeyChile y las publicaciones oficiales de la ANCI; para tu caso puntual, la lectura final es de un abogado.

La ley en cinco líneas

  • Qué es: la Ley 21.663, publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2024, es el marco general de ciberseguridad de Chile.
  • Quién la aplica: crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un servicio público técnico que dicta protocolos e instrucciones obligatorias, fiscaliza y sanciona. También crea el CSIRT Nacional, que recibe los reportes de incidentes.
  • A quién obliga: a las instituciones que prestan servicios esenciales y a las que la ANCI califica como operadores de importancia vital (artículos 4 a 6).
  • Qué exige: prevenir, reportar y resolver incidentes de forma permanente (artículo 7). A los OIV, además, un sistema de gestión de seguridad de la información, planes de continuidad certificados y un delegado de ciberseguridad (artículo 8).
  • Cuándo: el DFL N° 1-21.663 fijó el 1 de enero de 2025 como inicio de la ANCI y vigencia general, y el 1 de marzo de 2025 para la calificación de OIV, sus deberes, el reporte de incidentes y las multas.

Qué es un OIV y cuántos calificó la ANCI

El artículo 4 define como servicios esenciales los que prestan los organismos del Estado, el Coordinador Eléctrico Nacional, las concesiones de servicio público y las instituciones privadas de estos rubros: electricidad, combustibles, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, infraestructura digital, servicios digitales y servicios de tecnología de la información gestionados por terceros, transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo, banca y medios de pago, seguridad social, servicios postales, salud institucional y productos farmacéuticos.

Dentro de ese universo, la ANCI califica como operador de importancia vital a quien cumple dos requisitos del artículo 5: que su servicio dependa de redes y sistemas informáticos, y que su afectación tenga un impacto significativo en la seguridad, en la provisión continua de servicios esenciales o en las funciones del Estado. La ley obliga a considerar el tamaño de la empresa, con atención especial a las pymes, y a revisar la nómina al menos cada tres años (artículo 6).

El 24 de julio de 2026 la ANCI informó que terminó el primer proceso de calificación con 1.154 OIV en dos etapas. La segunda etapa sumó 239 instituciones, entre ellas:

  • 25 empresas de transporte, almacenamiento o distribución de combustibles.
  • 18 instituciones de agua potable y saneamiento.
  • 40 empresas de transporte terrestre, aéreo, ferroviario y marítimo, incluidos puertos, aeropuertos, aerolíneas y concesionarias del transporte público de Santiago.
  • 32 concesionarias de servicio público, como aeropuertos, puertos y autopistas.
  • 25 entidades de seguridad social: AFP, Isapres, cajas de compensación y administradoras del seguro de cesantía.
  • 15 laboratorios farmacéuticos.
  • 84 entidades de sectores de la primera etapa que no estaban en la nómina anterior.

Si tu cartera de clientes incluye alguno de esos rubros, lo más probable es que al menos uno sea OIV.

Qué le exige la ley a un OIV

El artículo 8 enumera los deberes específicos. Son los que, en la práctica, se traducen en exigencias a proveedores:

  1. Un sistema de gestión de seguridad de la información continuo, que evalúe probabilidad e impacto de los riesgos.
  2. Un registro de las acciones de ese sistema.
  3. Planes de continuidad operacional y ciberseguridad, certificados según el artículo 28 y revisados al menos cada dos años.
  4. Revisiones, ejercicios, simulacros y análisis continuos de redes y sistemas.
  5. Medidas oportunas y expeditas para contener un incidente, incluida la restricción de accesos.
  6. Las certificaciones que exija la ley y el reglamento.
  7. Informar a los afectados cuando la ANCI lo requiera, en especial si hay datos personales.
  8. Capacitación continua de trabajadores y colaboradores, con campañas de ciberhigiene.
  9. Un delegado de ciberseguridad como contraparte de la ANCI.

Los plazos para reportar un incidente

El artículo 9 obliga a todas las instituciones del artículo 4, no solo a los OIV, a reportar al CSIRT Nacional los incidentes que puedan tener efecto significativo. Ese efecto existe, según el artículo 27, cuando el incidente puede interrumpir un servicio esencial, afectar la integridad física o la salud de las personas, o afectar sistemas que contengan datos personales.

HitoPlazo máximoQué se entrega
Alerta temprana3 horas desde que se conoce el incidenteAviso de que ocurrió
Actualización72 horas (24 horas si es un OIV con su servicio esencial afectado)Evaluación inicial, gravedad, impacto e indicadores de compromiso
Plan de acción (solo OIV)Adoptado en no más de 7 días corridosEl plan, informado al CSIRT Nacional
Informe final15 días corridos desde la alertaDescripción, causa probable, mitigación y efecto transfronterizo

Fíjate en lo que esto significa para ti como proveedor: si el incidente empieza en tu sistema, el reloj de 3 horas del OIV corre desde que él lo sabe. Si tú tardas un día en avisarle, el problema ya no es solo tuyo. Por eso la primera cláusula que vas a ver es un plazo de aviso al cliente, y va a ser corto.

Qué te van a pedir como proveedor

La ley no trae un capítulo de “obligaciones del proveedor”. Lo que trae son dos cosas concretas y una consecuencia lógica.

Lo que está escrito. Para los organismos del Estado, el artículo 9 manda a los jefes de servicio a exigir a sus proveedores de TI que compartan información sobre vulnerabilidades e incidentes, y prohíbe que los contratos tengan cláusulas que restrinjan esa comunicación. Si le vendes al Estado, eso ya es exigible.

La vía directa. El artículo 4 incluye los servicios digitales y los de TI gestionados por terceros entre los servicios esenciales. Si tu empresa opera la infraestructura o los sistemas de otros, conviene revisar con un abogado si quedas como institución obligada, con el deber general del artículo 7 y el de reportar del artículo 9.

La consecuencia lógica. Un OIV no puede tener un sistema de gestión de seguridad que se detenga en la puerta de su proveedor. Si tu software procesa sus datos o se conecta a su red, es parte del riesgo que tiene que evaluar, registrar y cubrir en sus planes de continuidad. Lo esperable es que lo traslade por contrato y por cuestionario: plazos de aviso de incidentes, derecho a auditar, evidencia de controles, continuidad del servicio y capacitación de tu personal.

Checklist: 10 preguntas del cuestionario y qué evidencia sirve

Estas son las preguntas que se desprenden de los artículos 8 y 9. Prepara la evidencia antes de que llegue el cuestionario, no cuando ya tiene fecha de vencimiento.

#Pregunta probableEvidencia que sirve
1¿En cuánto tiempo nos avisas de un incidente que nos afecte?Procedimiento escrito con un plazo en horas, un responsable y un canal 24/7
2¿Tienes un plan de respuesta a incidentes?El plan, con roles, pasos y la fecha del último simulacro
3¿Quién es tu contraparte de seguridad?Nombre, cargo y contacto de una persona, no un correo genérico
4¿Cómo gestionas los accesos a nuestros sistemas y datos?Lista de quién tiene acceso, doble factor, revisión periódica y baja al salir alguien
5¿Registras lo que pasa en tus sistemas?Logs centralizados, cuánto tiempo se guardan y quién los revisa
6¿Has hecho pruebas de seguridad recientes?Informe de un pentest o revisión de seguridad con fecha, alcance y estado de las correcciones
7¿Cómo mantienes el software actualizado?Política de parches con plazos por criticidad y el registro de su cumplimiento
8¿Qué pasa con nuestro servicio si tu sistema se cae?Plan de continuidad, respaldos probados y tiempos de recuperación comprometidos
9¿Tu equipo recibe capacitación en seguridad?Registro de capacitaciones y, si existen, resultados de simulacros de phishing
10¿Subcontratas parte del servicio?Lista de subproveedores con lo que hace cada uno y dónde están los datos

Es común que el cuestionario pregunte por certificaciones como ISO/IEC 27001. Si no la tienes, no inventes una equivalencia: muestra los controles que sí operas y la evidencia de que funcionan. Un informe de pentest reciente, con hallazgos corregidos, responde mejor la pregunta 6 que cualquier declaración. En nuestra guía de pentesting está qué debe traer un informe que sirva como evidencia.

Multas: lo que dice el artículo 40

Las fuentes secundarias no coinciden en los montos, así que va el texto del artículo 40 de la ley, tal cual:

InfracciónMulta generalSi es un OIV
LeveHasta 5.000 UTMHasta 10.000 UTM
GraveHasta 10.000 UTMHasta 20.000 UTM
GravísimaHasta 20.000 UTMHasta 40.000 UTM

El artículo 38 clasifica las infracciones de todos los obligados: por ejemplo, incumplir el deber de reportar del artículo 9 es grave, y la reincidencia en una grave dentro de un año es gravísima. El artículo 39 agrega las de los OIV: no tener el sistema de gestión de seguridad o los planes de continuidad es grave, y no designar al delegado de ciberseguridad es leve. Si el sancionado paga dentro de cinco días sin recurrir, la multa se rebaja en 25 % (artículo 45).

Las multas recaen en el sujeto obligado. Si tú no lo eres, tu riesgo es contractual: el OIV te va a trasladar la responsabilidad por la vía del contrato, con multas, término anticipado o ambas.

Cómo se cruza con la Ley 21.719

La Ley 21.719 de protección de datos y la Ley 21.663 miran el mismo incidente desde dos lados, con dos reguladores distintos:

  • Ley 21.663: reporte al CSIRT Nacional en 3 horas cuando el incidente tiene efecto significativo, y el artículo 27 dice que lo tiene si afecta sistemas con datos personales.
  • Ley 21.719: el responsable de los datos debe reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales, “por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas”, las vulneraciones de seguridad cuando exista un riesgo razonable para los titulares (artículo 14 sexies).

Para el proveedor hay una línea clave: según el artículo 15 bis de la Ley 21.719, si tratas datos por encargo de tu cliente, eres encargado de tratamiento, debes cumplir los deberes de seguridad y tienes que reportarle a él cualquier vulneración. Es decir, el mismo aviso rápido que te va a pedir el OIV por la Ley 21.663 ya te lo exige la Ley 21.719 por otro camino.

Sobre la vigencia de la Ley 21.719: el texto vigente la fija para el 1 de diciembre de 2026 y el Congreso despachó el 17 de noviembre de 2026 su postergación al 15 de octubre de 2027, que al 20 de noviembre de 2026 aún no se publica en el Diario Oficial. El detalle está en cuándo entra en vigencia la Ley 21.719.

Por dónde partir esta semana

  1. Haz la lista de tus clientes que están en los rubros del artículo 4 y averigua cuáles son OIV.
  2. Escribe tu procedimiento de aviso de incidentes, con un plazo en horas que puedas cumplir de verdad.
  3. Nombra una contraparte de seguridad, aunque no tengas un área de seguridad.
  4. Junta la evidencia de las 10 preguntas del checklist. Lo que no tengas, ponle fecha.
  5. Haz una prueba de seguridad de lo que expones a tus clientes, con informe por escrito.

En Apollo.TI hacemos revisiones de seguridad de sitios, aplicaciones y APIs, análisis de incidentes y peritaje informático, con informe por escrito. Mira el servicio de ciberseguridad y peritaje informático y conversemos tu caso.

Preguntas frecuentes

¿Qué es y qué establece la Ley 21.663 de ciberseguridad?

Es la Ley Marco de Ciberseguridad de Chile, publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2024. Crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y el CSIRT Nacional, define qué son los servicios esenciales y los operadores de importancia vital, les impone deberes de prevención y de reporte de incidentes y fija un régimen de infracciones y multas.

¿Cuándo entra en vigencia la Ley Marco de Ciberseguridad?

Ya está vigente. El DFL N° 1-21.663, publicado el 24 de diciembre de 2024, fijó el 1 de enero de 2025 como fecha general de vigencia y el inicio de actividades de la ANCI. Los artículos 5 (calificación de OIV), 8 (deberes de los OIV), 9 (deber de reportar) y el Título VII (infracciones y multas) rigen desde el 1 de marzo de 2025.

¿Qué es un operador de importancia vital y cuántos hay?

Es un prestador de servicios esenciales, o una institución privada con un rol crítico, cuyo servicio depende de redes y sistemas informáticos y cuya afectación tendría un impacto significativo en el país (artículo 5). La ANCI informó el 24 de julio de 2026 que el primer proceso de calificación terminó con 1.154 instituciones calificadas como OIV, en dos etapas.

¿En qué plazo hay que reportar un incidente de ciberseguridad?

El artículo 9 fija tres hitos ante el CSIRT Nacional: alerta temprana en un máximo de 3 horas desde que se conoce el incidente, actualización en 72 horas (24 horas si es un OIV con su servicio esencial afectado) e informe final en 15 días corridos desde la alerta. Los OIV además deben informar su plan de acción, que no puede adoptarse en más de 7 días corridos.

¿Cuál es la multa de la Ley 21.663?

Según el artículo 40, las infracciones leves tienen multa de hasta 5.000 UTM (hasta 10.000 UTM si es un OIV), las graves hasta 10.000 UTM (hasta 20.000 UTM si es un OIV) y las gravísimas hasta 20.000 UTM (hasta 40.000 UTM si es un OIV). No reportar un incidente según el artículo 9 es infracción grave (artículo 38).

¿Me aplica la Ley 21.663 si soy proveedor de software de un OIV?

Puede aplicarte por dos vías. Directa, porque el artículo 4 incluye entre los servicios esenciales a los servicios digitales y de tecnología de la información gestionados por terceros. Indirecta, porque el OIV responde por su sistema de gestión de seguridad, sus planes de continuidad y sus reportes, y lo razonable es que traslade esas exigencias a sus proveedores por contrato. Si tienes dudas sobre la vía directa, revísalo con un abogado.

¿Qué es el Plan Nacional de Ciberseguridad?

Lo vigente es la Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028, aprobada por el Decreto Supremo N° 164 de 2023. Su plan de acción lo aprobó el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y la ANCI lo implementó con la Resolución Exenta N° 28, publicada en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2025.

Fuentes


Si tu cliente es OIV, su cuestionario de seguridad ya viene en camino. Llegar con la evidencia lista es más barato que armarla con fecha de vencimiento.

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